La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la desarticulación de una estructura señalada de dedicarse al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet en El Salvador.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los imputados habrían desarrollado un mecanismo para obtener de forma irregular la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país y posteriormente comercializar el servicio a terceros.
Según la institución, los involucrados utilizaban herramientas informáticas y redes privadas virtuales (VPN) con el objetivo de evadir controles de seguridad y facilitar la distribución ilegal del servicio.
Investigación señala perjuicio económico superior a los $152,000
La Fiscalía detalló que la estructura presuntamente ofrecía paquetes de datos a través de redes sociales y grupos de mensajería privada, con precios que oscilaban entre los $3 y los $20.
Las autoridades sostienen que esta modalidad habría operado desde septiembre de 2025, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente $152,000 para la empresa afectada.
Tres personas fueron detenidas
Entre los detenidos figura Félix Antonio Salguero Hernández, identificado por las autoridades como exdocente de informática y señalado como el presunto creador de la aplicación utilizada para obtener el servicio de manera irregular.
Asimismo, fue detenido Óscar Iván Melgar Monge, quien según las investigaciones se encargaba de contactar a los clientes y proporcionar instrucciones para el uso del servicio.
El tercer capturado es Eduardo Daniel García García, perfilado por las autoridades como la persona responsable de recibir en cuentas bancarias los pagos provenientes de las ventas realizadas.
Caso continuará en proceso judicial
La Fiscalía indicó que los detenidos enfrentarán el proceso judicial correspondiente mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
Las autoridades reiteraron que los delitos vinculados al uso indebido de servicios tecnológicos y la comercialización no autorizada de recursos digitales pueden generar importantes afectaciones económicas y serán investigados conforme a la ley.

